El 1 de septiembre de 2022 marcó un hito en la historia de la violencia política argentina con el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta de la Nación
El 1 de septiembre de 2022, el pacto democrático de la Argentina se rompió. Fernando Sabag Montiel, junto a su pareja Brenda Uliarte, ejecutaron un plan para asesinar a la vicepresidenta de la Nación, que en ese momento estaba siendo juzgada por presuntos hechos de corrupción. Fueron hasta su domicilio, se mezclaron entre la militancia, y Sabag Montiel gatilló una Bersa Lusber 84, calibre .32 en la cabeza de la acusada. La bala no salió, el fallo sí.
El hecho marcó un antes y un después en la historia política argentina. El grito de Nunca Más que la sociedad grabó a fuego después de la última dictadura cívico-militar, se apagó esa noche post pandémica. No se trató de un hecho aislado perpetrado por dos fanáticos, como dicen los expedientes judiciales del caso, por el que Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión como autor del intento de magnicidio y Brenda Uliarte a 8 años como partícipe necesaria. Fue el corolario fallido de un proceso que comenzó muchos años antes y tuvo éxito recién a mediados de 2025.
El Estado judicial
El diario Clarín lo explicó de manera brillantemente sintáctica: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá“, tituló días más tarde, anticipando la condena en la Causa Vialidad, que finalmente la Corte Suprema dejó firme.
La resolución del máximo tribunal sacó de la cancha a la principal referente de la oposición y la sentenció, además, a 6 años de prisión, cerrando un ciclo que en el entorno de la ex dos veces presidenta describen como Lawfare: la connivencia del poder económico, judicial, mediático y político, para perseguir opositores con causas armadas, impulsadas por dirigentes políticos, fogoneadas por los medios de comunicación y ejecutada por la Justicia.
Vialidad fue una causa bastante floja de papeles de principio a fin. La defensa de la acusada remarcó que durante todo el juicio no se pudo probar la comisión de delito alguno, pero finalmente la Justicia encontró una justificación sólida para emitir la condena: en su carácter de Presidenta de la Nación, no podía desconocer si un funcionario de cuarto o quinto orden era corrupto. Con eso fue suficiente para prohibirle el regreso a la función pública.
Lo que no logró el intento de asesinato, se alcanzaba entonces por métodos más elegantes.
Las varas de la Justicia
El mismo Poder Judicial que condenó a la titular del Partido Justicialista, todavía no pudo, a cuatro años del atentado, identificar a los autores intelectuales. La precariedad con la que trabajó los distintos elementos probatorios expuso las falencias de una estructura tan opaca, como determinante para el sistema republicano que guía a la organización nacional.
El episodio más contundente ocurrió el mismo día del atentado. El celular de Fernando Sabag Montiel fue secuestrado y quedó bajo custodia judicial, pero los primeros intentos de extracción de información fueron realizados por especialistas de la Policía Federal y luego por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El aparato estaba bloqueado y no se contaba con la contraseña. En el procedimiento se utilizaron herramientas que terminaron provocando que el teléfono quedara reseteado a valores de fábrica, perdiéndose la información que podía contener. La propia pericia posterior reconstruyó una cadena de decisiones y errores en torno a la manipulación del aparato.
Después apareció un testigo asegurando que, dos días antes del hecho, escuchó en un bar al diputado del PRO Gerardo Milman, confiarle a sus secretarias que “cuando la maten, yo voy a estar camino a Mar del Plata“. La querella pidió que se investigara a Milman y que se secuestraran sus teléfonos.
La jueza María Eugenia Capuchetti demoró durante meses la obtención del celular del legislador, y cuando finalmente se avanzó sobre el aparato, encontraron que había información borrada. Mala suerte. Una de las secretarias de Milman, de yapa, declaró que su propio celular fue borrado en una oficina del centro porteño, propiedad del espacio político de Patricia Bullrich. Nada se pudo probar, ni la participación de Bullrich ni la intervención de Milman. Todos inocentes.
Otra línea polémica fue Revolución Federal, el grupo de ultraderecha que había protagonizado movilizaciones violentas y amenazas contra dirigentes políticos. La querella sostuvo que debía investigarse si existía una conexión entre esa organización, su discurso previo contra la víctima, y el ataque de Sabag Montiel.
Inicialmente, Capuchetti rechazó investigar a Revolución Federal dentro de la causa del atentado como posible instigadora y la investigación sobre la agrupación terminó tramitando en un expediente separado.
También se investigaron los vínculos de algunos integrantes con empresarios y dirigentes políticos, y particularmente la circulación de dinero hacia personas vinculadas con el grupo. Pero nunca se pudo demostrar judicialmente que Revolución Federal hubiera ordenado, financiado o participado en el atentado.
Desde el sector político de la ex mandataria siguen reclamando que se investigue la autoría intelectual del intento de magnicidio, a la vez que defienden la inocencia y piden por su libertad.
