Al menos una de las compañías proveedoras de tecnología para Nación Servicios está en manos de empresarios vinculados en una presunta estafa descomunal
En octubre de 2025, Nación Servicios S.A. adjudicó a Laser Argentina la provisión de hasta 900 kits embarcados para el sistema SUBE por US$1.967.400. La contratación formó parte de una licitación que contemplaba la incorporación de hasta 1.500 equipos para el cobro de pasajes en colectivos, con un presupuesto total de US$4.001.200.
Laser Argentina se presenta como desarrolladora y proveedora de sistemas para el control y pago del transporte público y señala que participa del desarrollo e implementación del sistema SUBE. Entre sus productos figuran validadores, lectores de tarjetas, consolas y otros dispositivos destinados al cobro electrónico de pasajes.
Pero detrás de esa contratación aparece un entramado empresarial que va más allá del negocio tecnológico. En la estructura de Laser se repiten nombres que también aparecen vinculados a distintas sociedades investigadas por la Justicia en una causa que comenzó con denuncias por la venta de departamentos en pozo y que terminó exponiendo una compleja red de empresas, operaciones y vínculos societarios.
Laser Argentina
Laser Argentina está vinculada desde hace años a la familia Virarelli. La última composición societaria publicada antes de la adjudicación de NSSA tenía a Leonardo Damián Virarelli como presidente, a Mario Alberto Virarelli como vicepresidente y a Patricia Virarelli y Daniela Sanguinetti Rodríguez como directoras suplentes. Además, figuran Diego Messina como gerente, y Marcelo Gallina como gerente general.
Los mismos nombres aparecen, además, en empresas como Iwin Aberturas o Iglass, que a su vez forman parte de un entramado investigado por la Justicia por una presunta estafa de enorme magnitud. En ambas compañías, dedicadas a la fabricación y comercialización de aberturas y vidrios, los apellidos Virarelli, Messina y Gallina figuran, en diferentes roles, junto a los de Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate. Este apellido es el núcleo de la intrincada red que investiga la fiscal Mónica Cuñarro.
La Causa Induplack
La causa comenzó con las denuncias de personas que habían comprado departamentos “en pozo” y, con el paso del tiempo, no recibieron las unidades prometidas. Los reclamos se multiplicaron y dieron lugar a una investigación penal que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de la jueza Paula González, con la fiscal Mónica Cuñarro al frente de la investigación. Lo que inicialmente aparecía como una sucesión de incumplimientos terminó convirtiéndose en una megacausa, con cientos de damnificados y múltiples empresas involucradas.
Según la hipótesis de Cuñarro, el grupo ofrecía departamentos y cocheras en edificios a construir, captaba el dinero de los compradores y luego incumplía los plazos de entrega. La acusación sostiene que algunas unidades fueron vendidas más de una vez y que, frente a los reclamos, se ofrecían cambios de propiedad, nuevas fechas de entrega o acuerdos que tampoco llegaban a cumplirse. Para la fiscal, se trató de un esquema planificado para captar dinero y desviarlo a través de distintas sociedades, fideicomisos y otros vehículos financieros.
La investigación fue reconstruyendo una estructura empresarial cada vez más grande. Según la fiscalía, desde 2008 los integrantes del grupo aparecen vinculados a 23 sociedades, y 14 de ellas fueron constituidas a partir de 2019, justamente cuando aumentaron los hechos denunciados. Los mismos nombres se repetían en los directorios, aunque intercambiando cargos y funciones. Para Cuñarro, esa arquitectura permitió continuar con nuevos emprendimientos mientras se acumulaban deudas, reclamos y denuncias, y fue utilizada para desviar parte del dinero obtenido de los compradores.
En abril de 2025, la Justicia detuvo a Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y a Patricio Gastón Flores, a quienes se les atribuyó el papel central en la estructura investigada. Los cinco quedaron procesados por asociación ilícita y múltiples hechos de estafa, mientras la causa continuó incorporando nuevos hechos y damnificados. En junio de ese año, la jueza González ordenó además el embargo de 60 propiedades y el secuestro de 17 vehículos para garantizar una eventual reparación a las víctimas.
El expediente llegó a una nueva instancia en febrero de 2026, cuando Cuñarro pidió elevar a juicio a esos cinco acusados. Para entonces, la fiscalía había documentado más de 560 hechos, con un perjuicio estimado en más de US$24 millones y $1.125 millones. La jueza hizo lugar al pedido y el expediente pasó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°26, que deberá llevar adelante el juicio, todavía sin fecha fijada. Al mismo tiempo, la fiscal pidió indagar a otros empresarios cuya participación en el entramado societario está bajo investigación, entre ellos Leonardo y Mario Virarelli, Patricia Virarelli, Diego Messina y Marcelo Gallina.
De regreso a Laser
La trama vuelve entonces a Laser Argentina. Los vínculos societarios permiten seguir el recorrido de los nombres: Diego Messina y Marcelo Gallina pasaron por el directorio de Iwin Aberturas, una sociedad cuyos accionistas originales fueron Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate y que en octubre de 2025 ingresó en concurso preventivo. En Iglass, en tanto, convivieron como socios Emanuel L’Abbate, Leonardo y Mario Virarelli, mientras que Gallina también ocupó un lugar en su estructura. La propia documentación societaria muestra así que los nombres que aparecen en la investigación judicial se cruzan, en distintas empresas y momentos, con quienes integran o integraron la estructura de Laser.
No significa que Laser forme parte de la causa ni que la adjudicación de Nación Servicios implique, por sí misma, una irregularidad. Pero sí deja un dato difícil de pasar por alto: la empresa que en octubre de 2025 obtuvo un contrato por casi US$2 millones para proveer equipos destinados al sistema SUBE tiene entre sus principales nombres a personas cuya participación en otras sociedades está siendo examinada por la Justicia en una causa por cientos de presuntas estafas inmobiliarias.
