El senador provincial cuestionó la implementación del nuevo régimen penal juvenil: “Sin recursos, la reforma no soluciona el problema”
Luego de que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni volvió a ratificar una posición que sostiene desde hace tiempo: la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, cuestionó la forma en que fue aprobada la nueva ley y advirtió que, sin los recursos necesarios para su implementación, la reforma resulta inviable.
“Fui el primero en el país, hace más de 15 años, en empezar a plantear la baja de la edad de imputabilidad. Ahora, de la manera que se hizo y de la manera en que se aprobó, esto es totalmente inviable”, afirmó el ex ministro de Seguridad de la provincia.
Para Berni, el problema no se resuelve únicamente modificando la edad a partir de la cual un menor puede ser responsabilizado penalmente. La reforma debe estar acompañada por una política integral que garantice las condiciones necesarias para trabajar en la recuperación y resocialización de los jóvenes que ingresan al sistema penal.
“Bajar la edad sin presupuesto para resocializar no sirve de nada. Si a ese menor no se lo resocializa, la condena es totalmente ridícula”, sostuvo.
En ese sentido, el jefe del bloque oficialista en el Senado bonaerense apuntó contra el Gobierno nacional por haber impulsado la reforma sin acompañarla con los fondos necesarios para que las provincias puedan afrontar su implementación. Advirtió que el sistema necesita inversión, infraestructura, herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y equipos profesionales que permitan abordar las causas que llevan a los menores a la criminalidad y evitar su reincidencia.
También señaló que los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires ya atraviesan importantes dificultades y que incorporar más jóvenes sin fortalecer previamente esos dispositivos puede terminar agravando una situación que la nueva legislación pretende resolver.
“Hay que bajar la edad de imputabilidad y darles a las provincias el presupuesto necesario para que tengan las herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y profesionales para sacarlos de la criminalidad. Sin recursos, esto lejos de solucionar el problema lo viene a agravar”, concluyó.
El núcleo del conflicto con PBA
El planteo de Berni se sustenta en el propio texto de la nueva Ley penal juvenil, que en su artículo 51 asigna $23.739.155.303,08 para el año de entrada en vigencia. De ese total, $3.131.996.784,28 van para el Ministerio de Justicia de la Nación, y $20.607.158.518,80 para la Defensoría General de la Nación.
La ausencia de partidas específicas para las provincias, que son las que organizan buena parte del aparato judicial, administrativo y de alojamiento juvenil en sus respectivas jurisdicciones, motivó, en la provincia de Buenos Aires, la suspensión que dispuso la Jueza Marta Elba Pascual.
En territorio bonaerense, la responsabilidad de ejecutar las medidas sobre adolescentes en conflicto con la ley penal recae principalmente sobre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, a través de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. La estructura incluye institutos y dispositivos de alojamiento, equipos profesionales, personal especializado, atención sanitaria, educación y seguimiento de los jóvenes, todo financiado con recursos del presupuesto bonaerense, sin aportes del Gobierno nacional.
