Un informe de la Fundación Libertad pide reducir las legislaturas provinciales para que se pongan a tono con el achique del Estado que propone Javier Milei
La Fundación Libertad es una ONG con una larga historia de defensa del libre mercado, reducción del Estado, crítica al gasto público y trabajo estrecho con sectores empresariales. El think thank liberal desarrolla informes destinados a instalar esos debates; ha intervenido históricamente sobre políticas públicas provinciales; mantiene vínculos con redes liberales internacionales; y hoy mantiene una relación pública y estrecha con el gobierno de Javier Milei, a quien premió en abril de este año.
Desde esa posición, la organización que preside el empresario rosarino Gerardo Bongiovanni publicó un informe económico con el que propone achicar el Poder Legislativo en cada una de las provincias. La excusa del gasto público, otra vez, como herramienta para desgastar la división de poderes que supone una República.
El trabajo toma como punto de partida los presupuestos provinciales de 2026 y divide el dinero asignado a los poderes legislativos por la cantidad de representantes de cada distrito. El resultado es presentado como el “costo” de cada legislador: $1.531 millones anuales en promedio. La cifra, naturalmente, no representa el salario de diputados y senadores, sino el conjunto de los recursos destinados al funcionamiento de las legislaturas, incluidos personal, asesores y estructuras administrativas.
En total, las 24 jurisdicciones destinan $1,835 billones a sus poderes legislativos. El universo analizado comprende 1.199 representantes y 32 cámaras, ya que ocho provincias mantienen sistemas bicamerales: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis. Buenos Aires aparece además como el distrito con mayor presupuesto legislativo en términos absolutos: $379.004 millones para sus 138 diputados y senadores.
La Fundación Libertad compara esos números con los de las comunidades autónomas españolas. Según el informe, mientras las legislaturas provinciales argentinas destinan en promedio el 1,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, en España la proporción es del 0,15%. También señala que el 84% del gasto legislativo argentino corresponde a personal, frente al 60% de sus pares españoles.
En la síntesis final del informe, el think thank liberal ofrece una sugerencia al Gobierno, sin medias tintas: “En el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen“, reclaman.
El Estado que sobra
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la reducción del Estado dejó de ser solamente una política económica para convertirse en uno de los principales ejes identitarios del Gobierno. La administración libertaria recortó organismos, programas, empresas públicas y puestos de trabajo estatales.
Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la dotación del Sector Público Nacional se redujo en 72.522 puestos, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina elaborado sobre la base de datos oficiales. La caída equivale al 20% de la dotación registrada al comienzo de la gestión. Cada vez que puede, el presidente se jacta, orgulloso, de haber terminado con más de 70.000 “ñoquis”.
El Poder Legisaltivo: un estorbo
Milei nunca construyó una relación amigable con el Poder Legislativo. Desde antes de llegar a la Presidencia hizo del enfrentamiento con “la casta” uno de los pilares de su discurso y colocó a los legisladores dentro del universo de los privilegiados que, según su narrativa, viven a costa de los argentinos.
Ya como presidente, la retórica se volvió todavía más agresiva. En distintos discursos utilizó expresiones como “ratas inmundas”, “basuras” y “parásitos mentales” para referirse a dirigentes y sectores de la política que enfrentaron sus iniciativas.
Y no se trata solamente de una cuestión discursiva. En agosto, el titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, planteó directamente eliminar el Senado provincial y avanzar hacia una Legislatura unicameral. El argumento volvió a ser el mismo: el costo de sostener una Cámara que, según el dirigente libertario, “no funciona”.
La coincidencia con el informe de Fundación Libertad resulta difícil de ignorar. Mientras el think tank propone que el Poder Legislativo no quede al margen del proceso de reducción del gasto impulsado por Milei, el principal espacio oficialista en la provincia ya puso sobre la mesa la eliminación de una de las dos cámaras parlamentarias.
Para el Gobierno y para buena parte de su universo político, el Poder Legislativo parece haberse convertido en un estorbo: demasiado caro, demasiado grande y, sobre todo, demasiado incómodo para un proyecto que pretende reducir al mínimo la intervención del Estado.
El problema es que una Legislatura no es una repartición pública más. Es uno de los poderes de la República. Se puede discutir cuánto gasta, cómo funciona y qué estructuras necesita. Lo que no debe naturalizarse es que la solución sea siempre achicarla, recortarla o directamente eliminarla.
Eso ya pasó en otras épocas.
